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Los inversores de Google se están asustando: la petición del Departamento de Justicia de EEUU puede arruinar su modelo de negocio

El negocio de las búsquedas en línea no se trata de tecnología. Se trata de distribución.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dejó esto claro el miércoles al proponer medidas para abordar la histórica sentencia de un juez que declaró a Google un monopolio ilegal.

Las soluciones propuestas por el DOJ apuntan al corazón de cómo Google distribuye su motor de búsqueda y cómo ese alcance masivo es clave para el dominio de la empresa en este mercado crucial y lucrativo.

La sugerencia del Gobierno de que Google se vea obligado a vender Chrome fue inicialmente el titular más llamativo. Pero el jueves, la posible prohibición de todos los acuerdos de distribución captó la atención de los inversores.

Los abogados del Gobierno estadounidense afirmaron que Google debería tener prohibido ofrecer «cualquier cosa de valor por cualquier forma» de distribución de búsquedas. Esto incluye especialmente a Apple, pero también abarca a cualquier otro socio o empresa, con excepciones limitadas, según el resumen ejecutivo del DOJ.

Mark Mahaney, analista de internet en ISI Evercore, calificó esta medida contra los acuerdos de distribución como «draconiana» y dijo que los inversores quedaron sorprendidos por la severidad de las propuestas. Las acciones de Google cayeron un 5% el jueves.

La razón de esta preocupación radica en que el negocio de las búsquedas en línea no depende realmente de la calidad de la tecnología. La ventaja proviene de una distribución masiva y del enorme volumen de consultas de usuarios que ese alcance genera.

Cuando las personas usan Google para buscar en la web, la compañía monitoriza en qué resultados hacen clic. Estos datos se retroalimentan en su motor de búsqueda, que mejora constantemente. Por ejemplo, si la mayoría de las personas hacen clic en el tercer resultado para una consulta en particular, el motor de búsqueda de Google probablemente ajustará su clasificación para que ese resultado aparezca más arriba en el futuro.

Este sistema de retroalimentación es muy difícil de superar. Así lo expresó el DOJ el miércoles: «Los motores de búsqueda dependen de los datos de los usuarios para mejorar la calidad de las búsquedas, lo que atrae a más usuarios a un motor de búsqueda. Los usuarios atraen a los anunciantes, y los ingresos publicitarios financian los motores de búsqueda generales, creando un ciclo de retroalimentación perpetuo que consolida aún más a Google».

Una de las pocas maneras de competir es conseguir más distribución que Google y capturar los datos adicionales de consultas y comportamiento de clics.

Durante muchos años, Google ha pagado para asegurarse la mayoría de las principales fuentes de distribución. El acuerdo más conocido es con Apple. Google paga al fabricante del iPhone alrededor de 20.000 millones de dólares (19.000 millones de euros) al año para ser el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos móviles de Apple.

Si el negocio de las búsquedas realmente dependiera de la calidad de la tecnología de Google, ¿por qué tiene que pagar 20.000 millones de dólares al año a Apple? Esta pregunta está en el centro del caso del DOJ, y Google nunca ha podido responderla adecuadamente. Porque sigue pagando a Apple.

Si la tecnología de búsqueda de Google es tan buena, la compañía no debería tener que pagar por la distribución. La gente simplemente acudiría a su motor de búsqueda por sí sola.

Pronto podríamos ver una prueba de esto en el mundo real.

Si el juez en este caso está de acuerdo con el DOJ, entonces estos pagos se acabarán, no solo con Apple, sino con cualquier otra fuente de distribución en línea para el motor de búsqueda de Google.

Esto pudo haber alarmado a los inversores el jueves. Saben que el negocio de las búsquedas se basa principalmente en la distribución, y puede que Google ya no pueda hacerlo. En el peor de los casos, Google podría perder una porción significativa del mercado de búsquedas en Estados Unidos, según Mahaney. 

«Creemos que las ubicaciones de búsqueda predeterminadas de Google mediante acuerdos contractuales representan más del 50 % de las consultas de búsqueda de Google en Estados Unidos», estimó el jueves.

Si desaparecen la mitad de las consultas de búsqueda de Google en Estados Unidos, eso podría amenazar el ciclo de retroalimentación que mejora sus resultados con los datos de los clics de los usuarios.

De repente, Google Search podría dejar de ser inalcanzable.

El principal abogado de Google, Kent Walker, afirmó que las propuestas del DOJ «romperían» el motor de búsqueda de la compañía y «deliberadamente obstaculizarían la capacidad de las personas para acceder» al servicio.

Google podrá proponer sus propias soluciones el 20 de diciembre.

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