Cómo afectaría la disolución de Muface a la sanidad pública
Uno de los mayores interrogantes que deja la crisis de Muface es qué pasará con el Sistema Nacional de Salud (SNS). Tras la salida de las aseguradoras del concierto, la cobertura de salud de 1,5 millones de funcionarios ha quedado en el aire.
Las tres principales compañías que brindaban este servicio –Adeslas, Asisa y DKV– han optado por no renovar el contrato. Por primera vez en 50 años ninguna quiere prestar este servicio, alegando condiciones económicas deficitarias.
Por qué no salen las cuentas
Desde DKV aseguranan que el modelo está infra financiado. En los últimos diez años, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de MUFACE ha crecido tan sólo un 31,6%, casi la mitad del incremento.
En octubre el Consejo de Ministros aprobó lo que califica como «un presupuesto histórico» de 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones para 2026, lo que supone un aumento del 17,12% en la prima respecto a años anteriores. Sin embargo desde las aseguradoras la cifra es insuficiete y apuntan al 38%. Inicialmente la propuesta del Gobierno fue un 14% y la posición de las aseguradoras de un 40% para compensar las pérdidas de estos tres últimos años, que cifran en 600 millones de euros.
El pago medio por beneficiario en el último concierto fue de aproximadamente 984 euros anuales, mientras que el coste estimado por la Fundación IDIS (vinculada a las aseguradoras) para cubrir a un ciudadano en el SNS es de 1.608 euros. A esta diferencia cabe sumarle el incremento de los costos operativos de los últimos años, —suministros médicos, salarios y electricidad han crecido sustancialmente, impulsados por una inflación desmedida — que ha creado una brecha que las compañías consideran insostenible.
Qué pasa con Muface tras la salida de la aseguradoras
Desde Muface se ha asegurado que mantendrá la atención médica y asistencial en los términos actuales para sus mutualistas, tanto titulares como beneficiarios una vez finalizado el concierto.
La continuidad de las prestaciones sanitarias se garantizará con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. Este permite mantener los servicios sin interrupción mientras se trabaja en una nueva licitación o contrato.
Algo en lo que ya está inmerso el Gobierno. Como informa El País primeramente se intentará salvar el concierto con una nueva licitación exprés que conlleve mejora económica, «para tratar de convencer a las aseguradoras privadas para que se presenten». De no llegarse a nada, el Ejecutivo baraja «forzar una prórroga del convenio actual para que sigan Adeslas, Asisa y DKV nueve meses más»
¿La sanidad pública puede asumir a todos los funcionarios?
Desde el Ministerio de Mónica García se está estudiando el impacto que tendía la entrada de todos los funcionarios al SNS. Si bien insiste en la necesidad de no interferir y «respetar los procesos de negociación», también reconocen que Muface no es su prioridad.
“No es entendible que en un país que tiene la sanidad pública como uno de sus orgullos, sus empleados públicos sean atendidos por la sanidad privada”. No obstante, añaden fuentes ministeriales a elDiario.es “hay que respetar los procesos de negociación y no vamos a entrar a enturbiar o interferir en dicho proceso”.
Según las estimaciones del medio en base a los datos de Sanidad, el paso de los funcionarios de Muface a la sanidad pública pasaría a atender entre un 2 y un 3% más de población de golpe. Habría un incremento de un 3,7% en el volumen de población cubierta en la franja de 64 a 79 años –los llamados babyboomers– y un 2,35% en mayores de 80, ya que los mutualistas cada vez son más mayores.
Desde Sanidad se hace hincapié en que si bien habría más gente, también más recursos, ya que se contaría con el presupuesto que ahora se destina a Muface: 3.571 millones de euros según el último concierto.
Pero para asumir esta carga, el sistema de sanidad necesitaría incrementar de manera inmediata 714 médicos y médicas de familia, en estimaciones de la catedrática de Economía de la Salud Beatriz López-Valcárcel. Un verdadero esfuerzo si se tiene en cuenta que a día de hoy España tiene un déficit actual de 4.502 médicos de familia.
